Las alhóndigas se creaban por decisión del Consejo Abierto de los vecinos. Solían establecerse en los pueblos que disponían de tierras de pan sembrar y eran gobernadas por una junta constituida por el alcalde y dos alhondigueros elegidos por los vecinos.

El pósito, como también se conoce a estos recintos, tenía un funcionamiento similar al de un banco, pero su moneda era el cereal. El fin último del cereal era prestarlo o venderlo a los labradores en época de necesidad. Estos debían devolver la cantidad proporcional junto con el interés correspondiente.

En el caso de la Alhóndiga de San Juan de la Rambla, no se sabe con certeza cuándo comenzó a funcionar debido a que la documentación histórica desapareció con el aluvión de 1826. Se tiene constancia de ella a través de testamentos (la fecha más antigua data de 1592). También hay referencias de que la Alhóndiga llegó a albergar varias dependencias de relativa importancia como una sala de juntas, la carnicería y la propia cárcel.

Por lo tanto, en torno a esta edificación se constituía la vida de la comunidad. Esta situación cambia en 1861, cuando el Gobierno español incrementó el impuesto que la Alhóndiga cobraba a los prestatarios de un tres a un seis por ciento. El malestar de los vecinos se acentuó con la Revolución de 1868, tras la cual pidieron la devolución del dinero, el reparto de los fondos del pósito y la disolución de este. A partir de aquel momento, la Alhóndiga perdió protagonismo hasta que dejó de ejercer su función en el siglo XX, destinándose a albergar distintas dependencias municipales.